"Entre agosto de 2018 y junio de 2021 el Gobierno ha invertido mayores recursos en beneficio de 282.699 víctimas del conflicto, a través de 310.015 giros, por un valor cercano a los 2,6 billones de pesos". 

Así lo indicó en un informe la Unidad para las Víctimas, que  desarrollando jornadas de notificación en todo el país, o “indemnizatón”.

Esta oficina prepara la Gran Jornada de Notificación que se realizará los días 28, 29 y 30 de julio de 2021, en la que se entregarán más de 10.000 cartas que beneficiarán a víctimas ubicadas en 333 municipios de los 32 departamentos del territorio nacional. Con estas serán más de 21.000 las entregas del mes. 

La Gran Jornada, que se dará en simultánea, busca llegar a todas las zonas del país teniendo en cuenta uno de los requerimientos más frecuentes de las víctimas del conflicto que piden llegar a los lugares más alejados del territorio nacional.

Los directivos misionales y el equipo de profesionales de las 20 direcciones territoriales de la entidad llegarán a las regiones de difícil acceso para dar cumplimiento a esta acción. 

Se recuerda que con la entrega de las cartas, la Unidad para las Víctimas otorga un mensaje de dignificación que complementa la reparación integral y, a su vez, realiza el acompañamiento para promover que se orienten los recursos recibidos de manera efectiva y las víctimas tengan oportunidades reales con respecto a la formación técnica o profesional para ellas mismas o su hijos, la creación o fortalecimiento de proyectos productivos, adquisición de inmuebles rurales o de vivienda nueva o usada. 

Las víctimas, como bien es sabido, reciben mensajes de texto o llamadas telefónicas para acercarse a los puntos dispuestos. Estas entregas corresponden a población priorizada de acuerdo con la Resolución 1049.  

Reparación integral a las víctimas del conflicto 

La reparación integral cuenta con las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica y se compone de cinco medidas: rehabilitación para restablecer las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; la indemnización administrativa, que es una compensación económica que ayuda al fortalecimiento y/o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas; satisfacción, para dignificar y reconocer el buen nombre y así resarcir el dolor; restitución para el restablecimiento de las condiciones materiales antes de haberse presentado el hecho victimizante  y garantías de no repetición, como obligación del Estado para prevenir que lo ocurrido no vuelva a repetirse. 

La reparación integral no es solo la entrega de la medida de la indemnización administrativa, significa un acompañamiento constante del Estado con el fin de garantizar el acceso al goce efectivo de derechos que consagra la Ley 1448 a las 7.356.751 víctimas que hoy son sujeto de atención de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) en materia de educación, salud, vivienda, generación de ingresos, entre otros, con el fin de crear condiciones de bienestar y transformación los proyectos de vida, en coordinación con las otras entidades del Estado.